La Federación Bioquímica, de acuerdo a lo anticipado el mes pasado en FABAInforma, comenzó una larga ronda de negociaciones con la totalidad de los agentes financiadores del sistema de salud como obras sociales, empresas de medicina prepaga, y otras entidades, con excepción de IOMA y PAMI, con el objeto de reclamar actualizaciones arancelarias de cara al pago del incremento salarial logrado por los empleados de nuestros laboratorios y pagadero en dos tramos.

En este primer tramo de esas negociaciones se lograron varios acuerdos cuyo porcentaje, en esta etapa, se ubica, en promedio, entre el 18 y el 22%, recordando que el reclamo de FABA es por un 40% en total, por lo que continúan activamente las tratativas.

Una de las variantes llevadas por la Federación Bioquímica a las mesas de negociación con los distintos sectores financiadores, es el del reconocimiento de una suerte de revalorización arancelaria para un listado de varias determinaciones de laboratorio de acuerdo a lo dispuesto por la CUBRA en noviembre y enero últimos.

Esa revalorización pasa por el incremento del número de unidades bioquímicas (UB) con el que se fija el valor de cada práctica.

De ese modo, se obtiene una mejora arancelaria de mayor significación en función de que se fija un nuevo valor de varias determinaciones que se sostiene en el tiempo por el reconocimiento de las mismas de acuerdo a un mayor número de UB en los nomencladores, algo que es particularmente beneficioso para los bioquímicos en épocas de alta inflación como la actual.

Como en toda negociación se cruzan respuestas e incluso contrapropuestas; y como siempre, la Federación Bioquímica, en el caso de las obras sociales sindicales, tiene en cuenta la situación económica de cada una de ellas en función de sus respectivas paritarias, pese a lo cual se sostiene el reclamo de un piso del 40%.

Por otra parte, las obras sociales sindicales se encuentran envueltas en un conflictivo panorama, en virtud de que fuentes gubernamentales ya les adelantaron la intención oficial de “correr a los intermediarios entre los aportes estatales y sus beneficiarios, los trabajadores”, según sostienen desde la conducción de la CGT, y aseguran que “por eso, es que el gobierno nacional solicitó la elaboración de un informe de todos fondos de subsidios a las obras sociales” para “analizar su funcionamiento”.

José Luis Lingieri, secretario de Acción Social de la CGT, dijo en declaraciones periodísticas que “en 2023 hubo un compromiso por parte del gobierno de Alberto Fernández de entregar 132.000 millones de pesos para solventar los gastos adicionales a los que tienen las obras sociales sindicales, pero que recién se completó en enero de 2024 la suma 70.000 millones de pesos y luego no se pagó más, por lo que (esas mutuales) ya están en rojo.

“La mayor gravedad de los gastos de las obras sociales está en la atención de la problemática de las discapacidades”, por lo que “la situación es sumamente incierta”, agregó.

Mientras tanto, la dirigencia cegetista le continúa reclamando con vehemencia a la Superintendencia de Servicios de Salud el giro de 5.000 millones de pesos que, según dicen los gremialistas, debió haber enviado en enero para la atención de tratamientos de alta complejidad y costosos medicamentos contemplados en el Sistema S.U.R.

Lingeri admitió que desde el gobierno han advertido a la dirigencia de la central obrera que los recortes en los fondos destinados a las obras sociales serán también en otros rubros, pero aseguró que una decisión de esa naturaleza “será impugnada ante la justicia”. Además, el dirigente sindical recordó que desde “hace mucho tiempo la CGT intenta que el Estado asuma en forma directa el costo de los servicios para evitar desfinanciar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que, en principio, estaba sólo destinado al pago de los tratamientos más costosos”.