La Federación Bioquímica, tal como viene sucediendo durante los últimos meses, logró durante julio acuerdos arancelarios con los diferentes agentes financiadores del sistema sanitario, fundamentalmente prepagas médicas y obras sociales gremiales. Es de esperar que estos acuerdos que se vienen logrando, se mantengan en un clima armónico, pero no por ello se puede dejar de ver un conjunto de circunstancias que al sumarse van creando ciertas condiciones preocupantes, de las cuales brindaremos un breve pantallazo.

Pero primeramente hay que destacar que las negociaciones de FABA con las prepagas médicas siguen el rumbo que han tomado últimamente, lográndose que las empresas del sector vuelquen a nuestras remuneraciones profesionales los mismos porcentajes de aumentos que aplican a las cuotas de sus afiliados.

No todas las prepagas definen los mismos aumentos de las cuotas afiliatorias, pero no obstante, esos incrementos se mantienen dentro de una franja porcentual en la que no se registran variaciones de significación.

Diferente es la situación de las obras sociales sindicales financieramente sostenidas por el aporte de los salarios de sus afiliados, los que se pactan en negociaciones paritarias que, como es de público conocimiento, se mantienen con un “techo” que el gobierno nacional no homologa por encima del 1% mensual, pese a que no pocos gremios logren porcentajes mayores que de todos modos terminan por abonarse.

Con estas obras sociales la Federación Bioquímica sostiene acuerdos arancelarios de acuerdo a las posibilidades de cada una de ellas, pero siempre con guarismos mínimos, aunque en la mayoría de los casos éstos son superados.

También venimos logrando, más allá de las mejoras arancelarias de cada caso, que las obras sociales no registren atrasos en los pagos, y que se respeten a ultranza las condiciones contractuales pactadas.

Pero tanto las obras sociales como las prepagas se están viendo afectadas en sus finanzas por algunas circunstancias comunes como el encarecimiento de varias prácticas médicas y de los medicamentos, por encima de la inflación.

PROMESA

Por otra parte, el Gobierno aprobó la implementación de un procedimiento que “permite la resolución de reclamos de los usuarios del sistema de Salud de manera prejudicial garantizándoles una respuesta eficiente optimizando el uso de los recursos disponibles”. El nuevo mecanismo, que entrará en vigencia el 2 de septiembre próximo, involucra a obras sociales y prepagas médicas.

El “Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud” (PROMESA) está bajo la órbita del Ministerio de Justicia y “propone una instancia de mediación optativa, previa a la interposición una acción judicial, para controversias que involucren a obras sociales, seguro de salud o medicina prepaga a fin de facilitar la solución consensuada, reducir la judicialización y promover una respuesta institucional temprana y eficiente”.

Esta “herramienta”, creada a través del Decreto 379/2025, requerirá de la figura de mediadores y, según la resolución, “dada la especificidad de este tipo de conflictos”, tendrán que completar una capacitación y pautas “para los exámenes de idoneidad que deberán realizar para contar con una formación inicial adecuada, actualización continua y evaluación objetiva”.

En los casos en los que haya condena en costas en sede judicial, “el requerido deberá reintegrar al fondo el honorario abonado al mediador”.

Para ampliar el alcance y el impacto del PROMESA, las entidades que brindan servicios de salud que no hayan sido alcanzadas por esta medida podrán adherir voluntariamente. Esas entidades son las obras sociales provinciales o los regímenes especiales, como IOSFA (que brinda servicios de salud al personal militar y civil de las fuerzas armadas).

Cuando se anunció el PROMESA, Salud informó que desde 2022 se produjo un aumento persistente en el número de amparos iniciados con intervención del Ministerio de Salud, registrándose en 2023 una suba del 20,62 por ciento respecto del año previo, mientras que, en 2024, el aumento fue del 471,79 por ciento respecto a 2023.

En tanto, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mediante la Resolución 951 dispuso además que “las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán responder los requerimientos de la Superintendencia en un plazo máximo de 5 días corridos invirtiéndose la carga de la prueba. Además, las denuncias deberán resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación, cuando antes podían tardar hasta dos años”.

En el segundo artículo de la normativa de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se dispone también que “en el marco del proceso de denuncias, la ausencia de respuesta, la contestación insuficiente, evasiva o carente de fundamento, así como también la falta de acreditación fehaciente del cumplimiento de la obligación en el plazo previsto, por parte de los Agentes del Seguro de Salud o de las Entidades de Medicina Prepaga, genera la presunción de incumplimiento de la obligación denunciada y otorga verosimilitud a los hechos relatados por la parte denunciante”.

Rechazo de la CGT

La disposición adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional causa el inmediato rechazo de la cámara que nuclea a las empresas de medicina prepaga y de la CGT.

Desde la central obrera se indicó, a modo de ejemplo, que “la obra social de Empleados de Comercio tiene más de un millón de aportantes, si en un día se presentan 100 denuncias cómo se hace para responder en 5 días situaciones que en muchos casos son complejas y en las que hay que evaluar un historial del paciente, y según la normativa, en casos de riesgo de vida, la SSS puede acotar ese período”.