La Federación Bioquímica durante marzo prosiguió las habituales negociaciones arancelarias con las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, dentro del marco que en cada uno de los casos se viene registrando durante los últimos meses.

Así, con las prepagas médicas, se acordaron mejoras prácticamente iguales al porcentaje con el que estas compañías incrementaron el valor de las cuotas a sus afiliados.

Ya hemos expresado nuestra intención con respecto a estas negociaciones para que se mantengan dentro de esa tónica, después de haber tenido que sostener durante años desgastadoras discusiones prácticamente mensuales.

También con las obras sociales la Federación Bioquímica viene negociando positivamente, ya que estos agentes financiadores responden en los hechos los porcentajes de mejoras elevados por FABA de acuerdo a las posibilidades de cada gremio en particular y según sea la modalidad de los resultados de sus respectivas paritarias. Incluso, como en anteriores ocasiones, hay obras sociales que más allá de sus paritarias, han adelantado mejoras arancelarias a cuenta de los futuros aumentos salariales que negocien.

Gran inquietud

En otro orden, ha generado una gran inquietud tanto en obras sociales como en las prepagas una decisión adoptada por el gobierno nacional el jueves 27 de marzo para disponer nuevas reglas para los agentes financiadores en materia de medicamentos de alto costo.

Concretamente, el Ministerio de Salud creó por decreto una agencia que evaluará los costos en los tratamientos de alto precio y determinará si las obras sociales y prepagas se harán cargo o no.

El nuevo organismo se llamará Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS) y, según fuentes oficiales “buscará medir el costo-beneficio sanitario de los nuevos medicamentos que salen al mercado, sin perder de vista, en la ecuación, la carga económica que luego recaerá en los financiadores; es decir, las obras sociales, prepagas y el sector público”.

Según un comunicado oficial, la medida se adoptó “en buena medida para bajar el número de litigios por las coberturas; su mayor desafío será lograr esa primera meta sin perder, en el camino, la independencia de criterio que se espera de un organismo autárquico razonablemente ecuánime. Es decir, que pueda tomar decisiones en favor de la población y del sistema de salud, por fuera de toda injerencia del poder político de turno”.

Pero coincidentes fuentes periodísticas indicaron que fuentes oficiales dijeron “en off” que el organismo destacará la “preferencia de lo posible frente a lo mejor”, cuestión que concita la inquietud de los financiadores por los posibles litigios judiciales que ciertas decisiones del organismo podrían afectarlos en el mediano plazo, ya que se desconocen mayores precisiones.