Se plantea desde FABA la necesidad de que las dos numéricamente mayores obras sociales del país y de administración estatal dispongan distintas mejoras en las remuneraciones de los profesionales del laboratorio de análisis clínicos
Desde los primeros días del nuevo año, las autoridades de la Federación Bioquímica prosiguieron de forma activa las negociaciones que vienen sosteniéndose desde fines de 2024 tanto con las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial como con la del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Esas tratativas, tienen distintas características de acuerdo a cada una de ambas obras sociales, pero con el común denominador de lograr de los directivos de ellas la instrumentación de diferentes medidas destinadas a mejorar la calidad de la retribución profesional de los bioquímicos de la provincia de Buenos Aires que, a través de su extensa red de laboratorios que cubre la totalidad del territorio bonaerense, brindan a los afiliados de una y otra una atención de la mayor calidad. La situación reinante para los bioquímicos hace que, a diferencia de otras épocas, nuestros laboratorios trabajen sin stocks de insumos, los que deben ser repuestos mensualmente, por lo que muchas veces nos encontramos con algunos incrementos de precios que contribuyen a desbalancear una situación financiera ya de por sí sumamente frágil para mantener el mejor funcionamiento de nuestros establecimientos profesionales.
La conducción de la Federación Bioquímica viene gestionando ante las autoridades de la obra social de jubilados y pensionados nacionales una mejora del convenio prestacional que contractualmente liga a ambas partes para la mejor atención de los afiliados del Instituto.
Desde luego, en el marco de las negociaciones que se vienen llevando a cabo, desde FABA se motoriza decididamente la intención de que esa mejora del convenio reporte un significativo beneficio económico para los profesionales del laboratorio.
En el mismo sentido, los bioquímicos bregamos por una mejora capitaria para el primer tramo de la pauta arancelaria del año que acaba de comenzar.
Sobre ambas cuestiones hacemos votos para que se pueda llegar a acuerdos satisfactorios con la conducción del Instituto durante el primer trimestre del año, y cuanto antes, mejor.
Recordemos que desde noviembre último, la Federación Bioquímica logró que el PAMI pasara al sistema de tasa de incentivo otras siete determinaciones de laboratorio muy requeridas por los afiliados, las que se sumaron a otras trece con las que se había hecho lo propio meses antes.
También con directivos de IOMA las autoridades de la Federación Bioquímica vienen realizando gestiones desde comienzos de enero para reclamar actualizaciones arancelarias, tanto de la cápita como de aquellas determinaciones de laboratorio que se abonan por prestación.
Estas negociaciones apuntan a definir una actualización de nuestras remuneraciones profesionales para los primeros meses del año, cuestión sobre la que esperamos que se produzcan definiciones a la mayor brevedad posible.
Por otra parte, ante la insistencia de la FABA, el Instituto había dispuesto unos meses atrás la revalorización de más de 80 prácticas que estaban resultando deficitarias para los colegas, para lo cual se elevó en el nomenclador la cantidad de unidades bioquímicas dispuestas para cada una de esas prácticas. Esto tuvo un apreciable impacto en el reconocimiento efectivo de nuestra labor profesional.
Por supuesto las tratativas que lleva adelante la Federación Bioquímica con las obras sociales sindicales continuaron en enero, con un resultado que podría definirse como satisfactorio.
Como es sabido y ya se informara desde estas mismas páginas, en el marco de estas negociaciones FABA apunta a establecer pautas arancelarias que se actualizan de acuerdo a la capacidad económica de cada obra social, la que se determina en función de las paritarias que cada sindicato lleva adelante.
No obstante, algunas obras sociales hacen un esfuerzo reconociendo incrementos arancelarios de algún punto más por encima de los guarismos que marca el Índice de Precios al Consumidor que determina mensualmente el Indec.
Por otra parte, hay que señalar que por pedido de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo, según coincidentes versiones periodísticas no desmentidas oficialmente, el gobierno nacional tendría bajo estudio una medida que dispondría un incremento del aporte a las obras sociales de aquellos trabajadores que perciban salarios por encima de los tres millones de pesos.
Como se sabe, cada trabajador aporta por ley el 3% de su sueldo para una obra social, pero hasta ahora ese aporte tiene un tope salarial de 2.767.090 pesos; por lo que, quienes ganan más de esa suma sólo aportan a la mutual el mismo porcentaje del tope.
Es decir, que si alguien, por ejemplo, cobra un haber mensual de 15 millones de pesos, a la obra social sólo aportará el 3% de los 2.767.090 pesos de tope.
En concreto, desde el gobierno se estudia eliminar ese tope para que cada trabajador aporte a las obras sociales el 3% de su salario, cualquiera fuera el monto de éste.
En otro orden, y tal como recogieran numerosos medios periodísticos hacia finales de enero, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires resolvió interponer una serie de demandas judiciales contra una veintena de obras sociales que, según trascendió, registran deudas millonarias con el fisco bonaerense por prestaciones médicas llevadas a cabo a sus afiliados en hospitales públicos provinciales.
De acuerdo a la información judicial que se conoció, el reclamo es por servicios realizados durante los últimos tres años en centros de salud zonales e interzonales del Ministerio de Salud provincial.
“Entre las obras sociales demandadas se encuentran las de trabajadores de sectores como la carne, la educación privada, el transporte, empresas eléctricas e industrias como el vidrio, fósforo y fibrocemento”, se informó.
Respecto a las deudas que figuran en las demandas, se destaca el reclamo judicial entablado por el Estado bonaerense a la obra social de Fedecámaras, la mutual para los monotributistas, la que fue demandada por casi 17 millones de pesos por obligaciones originadas en los últimos dos años por prestaciones realizadas en el Hospital Alejandro Korn de la localidad platense de Melchor Romero.
Otra intimación de pago le apunta a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) que meses atrás fue intervenida por el Gobierno nacional y que, según se detalló, acumula innumerables denuncias por falta de prestación.
En el caso de la Provincia, la demanda contra Osprera es por una deuda que rondaría los 7 millones de pesos, a la par que la Fiscalía de Estado bonaerense solicita que se decreten como medidas cautelares la inhibición general de bienes y el embargo general de fondos y valores.