La Federación Bioquímica prosigue negociando mes a mes con las empresas de medicina prepaga en materia arancelaria, dado que son mensuales los incrementos que se aplican a las cuotas que deben abonar los afiliados de esas compañías.

Si bien y en líneas generales, las prepagas trasladan a sus prestadores de salud los aumentos que cobran a sus asociados, la Federación Bioquímica está reclamando mayores porcentajes de incrementos de los honorarios de los profesionales del laboratorio.

Por otra parte, en el marco de la investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó el 12 de diciembre último a siete empresas de medicina prepaga, a la UAS y a Caludio Belocopitt.

Desde la Comisión se señaló oficialmente a través de un comunicado, que las empresas investigadas y alcanzadas por la imputación son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS); y Claudio Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y entonces presidente de la UAS.

“La apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2°, inciso a), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico- asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024”, se agregó.

Por otra parte, de acuerdo con la última presentación de datos hecha ante la Superintendencia de Servicios de Salud, hoy hay 6.796.690 de clientes relacionados con entidades de medicina prepaga. De esos, el 41% son afiliados directos, mientras que el 59% se encuentra bajo el apartado “derivación de aportes”, ya sea a través de planes corporativos o por la derivación de aportes realizada vía obras sociales.

De acuerdo a fuentes del sector, en los listados de entidades de la Seguridad Social, figuran algo más de 600 organizaciones en capacidad de ofrecer medicina prepaga en el país. Pese a esa oferta, las diez primeras del rubro reúnen a alrededor del 80% de los afiliados, evidenciando la concentración en un puñado de empresas.

Según los datos, el sector está dominado por OSDE que suma 2.111.435 afiliados, y esto le representa que una de cada tres personas que tienen prepaga (31%) sean afiliados a OSDE. En segundo lugar se coloca Swiss Medical, con aproximadamente un millón de asociados (14,8%). Esas dos solas suman casi la mitad del segmento prepago: 45% del sector.

Luego, en el listado aparecen otras compañías “medianas”: Galeno (8,3%), Sancor Salud (7,8%) y Omint (4,7%). Y este «Top Five” concentra el 67% de la cobertura privada.

En los siguientes puestos se ordenan Medifé, Accord Salud, la Sociedad Italiana de Beneficencia, Medicus y ACA Salud. Esta decena de empresas tiene -en total- 5.503.399 millones de afiliados y el 19% restante (1.293.000 personas) se distribuye en pequeños porcentajes del resto de las compañías activas.

OBRAS SOCIALES

Al proseguir sus habituales negociaciones con las obras sociales sindicales, la Federación Bioquímica logró en diciembre acuerdos satisfactorios con varias de ellas. Esos acuerdos se basan en el mantenimiento de un equilibrio entre los gastos de funcionamiento de los laboratorios y el resultado de las negociaciones salariales que cada gremio lleva adelante en su respectiva paritaria.

También hay que señalar que la CGT le exige al Gobierno medidas para evitar el colapso financiero de las obras sociales. Los sindicalistas reforzaron sus reclamos ante el Ministerio de Salud para frenar el desfinanciamiento del sistema y uno de los ejes es la obligación de darles prestaciones médicas a sectores que hacen menos aportes, como monotributistas y servicio doméstico, de acuerdo a declaraciones periodísticas extraoficiales brindadas por fuentes de la central obrera.

Desde la CGT se dijo que el “desfinanciamiento constante” de las obras sociales “afecta el acceso a las prestaciones médicas a los 15 millones de personas a las que le brindan servicios de salud; es decir, alrededor del 33,6% de la población en la Argentina incluye a los trabajadores en actividad representados por cada actividad, a unos 2.200.000 monotributistas, unos 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y un número similar correspondiente a trabajadoras del servicio doméstico”.

En ese sentido se manifestó que el Programa Médico Obligatorio (PMO “tiene un costo promedio mensual de 45 mil pesos por trabajador beneficiario (incluyendo a su grupo familiar) y que, si se excluyen las prestaciones por discapacidad que son solventadas por el Fondo Solidario que administra la Superintendencia de Salud de la Nación, quedaría en un valor de 35 mil pesos mensuales por cada beneficiario aportante. Sin embargo, las obras sociales están obligadas a brindar las mismas prestaciones a otros sectores que aportan al sistema mucho menos en forma mensual y agravan su déficit: los monotributistas, 13.800 pesos; los desempleados, 14.000 pesos y el personal doméstico, 6.400 pesos”.

Por eso la CGT insiste ante el Gobierno en “instrumentar cuanto antes alguna medida porque la combinación de distintos factores agrava el desfinanciamiento de las obras sociales: según un jefe de la CGT, “hay un contexto actual de crisis como producto de la caída de los salarios reales frente al aumento desmesurado de los costos de las prestaciones médicas y de los medicamentos, al que se le agrega el déficit provocado por los aportes insuficientes de monotributistas, personal doméstico y desempleados, que no alcanzan a cubrir el costo mensual promedio del PMO”.

En el mismo sentido se destacó que “esta realidad ubica en una situación de desigualdad a las obras sociales sindicales respecto de otros sistemas de salud” y criticó a las diferentes autoridades gubernamentales del área de salud que “hasta el momento no dieron respuestas consistentes que contribuyan a la equidad y el sostenimiento del sistema”. Y agregó: “Esto pone en evidencia que el acceso a la salud accesible y de calidad para millones de trabajadores en nuestro país no es una de las prioridades de los distintos gobiernos”.