Las negociaciones arancelarias que la Federación Bioquímica ha mantenido durante noviembre con obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga se han desarrollado por los carriles que se vienen transitando durante los últimos meses.

Pero hay cierto “enrarecimiento del ambiente” que veremos un par de párrafos más abajo.

Las prepagas médicas vienen trasladando a nuestros aranceles los porcentajes de incremento que aplican al valor de la cuota que perciben de sus correspondientes afiliados.

Con las obras sociales en tanto, se acordaron subas arancelarias en función de los aumentos salariales que cada gremio logra en sus respectivas paritarias, aunque varios adelantaron porcentajes superiores a cuenta.

Dentro de este panorama, durante noviembre, desde el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Mario Lugones, distintos voceros se encargaron de hacer trascender periodísticamente de manera extra oficial y coincidente, versiones según las cuales, la cartera sanitaria “estaría buscando un profundo cambio en el sistema de salud en la Argentina que implique invertir la carga de cómo se mira la salud, reordenar el sistema, y también quitar centralismo a su ministerio y que sean las provincias las que establezcan las prioridades del área en sus territorios”.

“No hay nadie mejor que cada una de las provincias para saber cuáles son sus necesidades de salud y cómo resolverlas”, señaló una de las versiones que el Ministerio en ningún momento desmintió.

También se indicó en el mismo orden que “el costo en salud siempre va por arriba de la inflación. Todos viviremos más años; y la industria fue muy inteligente: no nos curó, nos cronificó. Entonces las sociedades contemporáneas son médico y medicamento dependientes. Por lo tanto, la sociedad a la larga va a perder. Por eso hay que buscar nuevos paradigmas a partir de la idea de que –según opina Lugones- el presupuesto de salud debe centrarse en la población joven que transita los años más prósperos de la vida laboral, priorizando la prevención.

“En la etapa final de la vida, cuando las personas necesitan mayores cuidados, el sistema debería ser menos oneroso, apoyado en un modelo en el que cada uno pueda contar con un seguro de salud desde sus años laborales. Ello ayudaría a reducir los gastos finales y a asegurar que los adultos mayores reciban la atención necesaria, sin sobrecargar los recursos del sistema en su conjunto”.

La noción del seguro de salud que analiza implementar el Gobierno, según una versión que hizo circular el sitio web ‘Infobae’, “implicaría que un individuo joven debería asociarse a una obra social, o a una prepaga, y tener un plan barato con copago, porque su riesgo de consulta médica grave es bajo. La misma prepaga debería proponerle financiar un seguro para que cuando tenga más de 65 años esté cubierto ante las enfermedades vinculadas al envejecimiento. Entonces, cuando un adulto decide cambiar de prepaga, retira el dinero que invirtió en su seguro personal de salud”.

Dan de baja 54 prepagas

Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios de Salud, con el fin de “reordenar el sistema de salud”, había iniciado el procedimiento para dar de baja a un grupo de empresas de medicina prepaga. Tras el periodo establecido para regularizar una serie de documentación, las compañías no hicieron la presentación correspondiente y por ende, fueron dadas de baja.

La medida tomada por el Gobierno quedó plasmada en la Resolución 4309/2024 publicada en el Boletín Oficial. Allí se confirmó que “54 empresas de medicina prepaga no presentaron la documentación requerida ante el organismo regulador, lo que incluye padrones, planes, estados contables y cartillas”.