La Federación Bioquímica, como siempre, sostiene tratativas en materia arancelaria con las empresas de medicina prepagas y las obras sociales sindicales. En agosto, se lograron distintos acuerdos con las diferentes prepagas, con porcentajes que se ubican en un rango comprendido entre el 4,2% y el 5,8%.

A fines de agosto el Gobierno cerró 60 prepagas y tiene en la mira otras 150, de acuerdo a las explicaciones dadas sobre un decreto publicado en el boletín oficial por el superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Gabriel Oriolo.

El funcionario sostuvo que “de las 600 empresas de medicina prepaga, sólo diez están inscriptas por completo. Además hay sesenta prepagas que no nos consta que estén trabajando y las estamos dando de baja. Hay un segundo grupo de setenta entidades y otro tercer grupo de unas ochenta que también estamos observando”.

Con las obras sociales en tanto, prosiguieron las negociaciones de acuerdo a la capacidad de cada sindicato en función de las respectivas paritarias pero siempre partiendo desde porcentajes razonables, aunque hay que reconocer que varios gremios brindaron respuestas por encima de las mejoras salariales que lograron acordar.

Por otra parte, las obras sociales tuvieron en agosto una nueva mala noticia al oficializarse la Resolución 1743/24 de la Superintendencia de Servicios de Salud mediante la cual se dispone, en los hechos, otro recorte de sus ingresos destinados a financiar las prestaciones de sus afiliados con discapacidades, aunque el gobierno asegura que la medida apunta a “hacer más eficiente el sistema”.

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud se afirmó que “que hay al menos 60 obras sociales que no pudieron demostrar el destino de los fondos recibidos en concepto de subsidios. Es decir, que no habrían podido acreditar si ese dinero fue utilizado efectivamente para pagar las prestaciones del área de discapacidad. Hasta el 15 de agosto, las obras sociales tenían cuatro meses para cargar en el sistema las prestaciones con sus respectivas facturas. Una vez que recibían el subsidio debían pagarle al prestador. Pero el intervalo entre la recepción del dinero y el pago efectivo al prestador estaba fuera de cauce”.

“Ese descontrol hizo que a partir de ahora los tiempos se reduzcan. Ya no será de cuatro meses el plazo retroactivo para poder presentar las facturas y cobrar los subsidios antes de pagar la prestación, sino que se redujo a dos. Y, según el flamante cronograma ya en poder de los financiadores, hay hasta un tercer mes en el que la obra social podrá cobrar el subsidio pero sólo una vez que se haya hecho cargo previamente de pagar la prestación con fondos propios.

Esto, traducido en el calendario, implica que los subsidios remanentes de abril de este año no se cobrarán (es decir, el cuarto mes, que quedó fuera del nuevo esquema) y que los de mayo se cobrarán sólo con las facturas pagas. Junio y julio seguirán con el régimen habitual. Otra modificación clave es que las obras sociales tendrán un máximo de 20 días hábiles para pagarles a los prestadores desde el momento de haber recibido el subsidio”, se agregó.

Según las mismas fuentes oficiales, la suma total del recorte de aportes a las obras sociales que entraña la medida “alcanza los 1.450 millones de pesos”.