A largo de julio, la Federación Bioquímica mantuvo negociaciones arancelarias con otros agentes financiadores del sistema de salud como las empresas de medicina prepaga y las obras sociales sindicales. En líneas generales puede decirse que, no sin mucho bregar por nuestra parte, se llegaron a acuerdos razonables.

Recordemos que en julio el valor del Acto Profesional Bioquímico que determina nuestro Colegio profesional pasó de 9.000 a 12.000 pesos, lo que ha sido reconocido por la gran mayoría de las prepagas médicas.

Con estas empresas, por otra parte, se llegó a un acuerdo, con la totalidad de ellas, para aplicar una mejora arancelaria del 5% desde julio.

También en un marco de negociaciones ininterrumpidas, FABA libró acuerdos con diferentes obras sociales con las que se negocian aranceles mes a mes, y siempre de acuerdo a las posibilidades que brindan las tratativas salariales en las paritarias de cada gremio, aunque con parámetros mínimos fijados por la Federación Bioquímica.

Se debe puntualizar que el 10 de julio el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial un decreto de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de amplio alcance apuntando a la desregulación de los agentes financiadores del sistema sanitario.

Uno de los aspectos salientes de esa norma indica que las prepagas deberán girar el 15% de los aportes que reciban por el pago de las cuotas de sus respectivos afiliados al Fondo de Redistribución, por lo que con este cambio, se procede a equiparar lo que derivan con ese destino las obras sociales sindicales y otros financiadores.

Fuentes de la Superintendencia dijeron en declaraciones periodísticas que los alcances del decreto “es parte del reordenamiento del sistema de salud que lleva a adelante la cartera sanitaria nacional”, buscando “darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la competencia entre obras sociales y prepagas, aunque en un principio, el decreto había fijado en 20% el aporte de las prepagas al Fondo de Redistribución”, decisión que finalmente quedó en el 15%.

Las mismas fuentes pusieron el acento en que “a partir de ahora, quienes se inscriban en el registro de financiadores podrán recibir sin intermediación los aportes y contribuciones y, todos los beneficiarios, aportarán al fondo en la misma proporción. El cambio también permitirá que las prepagas aceleren los procesos de su inscripción al Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS). De esa manera, podrán recibir sin intermediaciones los aportes y contribuciones. Este es otro paso más para poner fin, de una vez y para siempre, a las famosas intermediaciones”.

Además, se destacó que “el fin del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es el reintegro de dinero a las obras sociales y prepagas por tratamientos complejos y de alto costo. El decreto presidencial fue el embrión de una polémica que creció a la par de los aumentos -excesivos para el Gobierno- que aplicaron las prepagas a sus afiliados. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud habíamos notado que fueron pocas las prepagas inscriptas en el registro habilitado para que sus afiliados pudieran derivar sus aportes directo a ellas, sin triangular con ´sellos de goma´, firmas o sindicatos que se quedaban con un porcentaje sin ofrecer nada por ello. A esos intermediarios y ´cajas negras´ apunta el Gobierno. El Fondo Solidario de Redistribución fue absorbido en gran parte por gastos en discapacidad”.