FABA-INFORMA convocó a referentes de distintos sectores de la salud para analizar este proyecto que aboga por un Sistema Nacional Integrado de Salud y propone “recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa".

Compartimos con nuestros federados esta Sección especialmente dedicada a las opiniones de calificados especialistas sobre un tema de relevante actualidad.

Un largo camino que requiere acuerdo de todos los subsectores

Por Dr. Ruben Torres, Rector de ISalud

La vicepresidenta de la Nación cuestionó la actual conformación del sistema de salud, señalando que está fragmentado en tres subsistemas: el público, el de las obras sociales y el privado. Prosiguió señalando que esta fragmentación trae ineficiencia e inequidad por lo que correspondería pensar en un sistema nacional integrado de salud.

Creo que las afirmaciones de la Sra. Vicepresidenta deben analizarse en términos técnicos y políticos. En primer lugar, resulta llamativo que quien luego de ejercer dos veces la primera magistratura del país, ser legisladora durante un vasto período y acompañar a su esposo durante el ejercicio de la presidencia, nunca haya manifestado voluntad alguna de colocar a la salud entre las prioridades de la política, y lo haga ahora, en un momento de gran tensión y exigencia del sistema, que mas allá de las dificultades ha respondido en forma adecuada, y con gran alineamiento (posiblemente mayor que nunca antes) de los subsectores público, privado y de la seguridad social. Pero más allá de esa inoportunidad, creo que nadie duda respecto a la necesidad de una transformación (reforma) del sistema de salud, en términos de hacerlo más eficiente y equitativo.

El documento que se refiere como base de la discusión resume pautas generales, con muchas de las cuales puede acordarse, pero no indica el cómo avanzar en este camino. La reforma del sistema es un largo camino que requiere como primer paso un acuerdo programático de todos los subsectores, y a continuación la definición de aspectos que van más allá del volumen de su financiamiento, la disminución del número de obras sociales y la desaparición de la medicina prepaga, y que incluyen resolver el modelo de atención a que suscribiremos (¿atención primaria de la salud para todos o solo para los pobres, como hasta ahora?), historia clínica informatizada y única; matrícula profesional unificada; guías y protocolos de tratamiento con incorporación de tecnología regida por una agencia; condiciones de trabajo y remuneración del recurso humano en salud sin las brutales distorsiones actuales; formación de ese recurso y distribución del mismo (con los incentivos correspondientes) en función de las reales necesidades epidemiológicas y no de la demanda de un mercado distorsionado por una sobreoferta escandalosa. En la misma línea arrojar transparencia respecto a que muchas de las medidas de integración del sistema requieren de un componente desde hace varios años ausente: voluntad y audacia política, cuya presencia no dependen del sector sanitario: los ministros de salud deben ejercer su poder de rectoría en forma absoluta sobre todos los subsectores, especialmente PAMI y la seguridad social; los gobernadores deben terminar con una inaudita separación entre las obras sociales provinciales y el sector público de cada una de sus provincias, y aprovechar esa fortaleza para la compra conjunta de tecnología, contrataciones con prestadores y definición del modelo de atención público-privado.

El resto resultan meras declamaciones, detrás de las cuales se pueden ocultar los oscuros intereses que siempre han obstaculizado cualquier intento de reforma.

La necesidad de reconceptualizar el sistema de salud

Por Carlos Vassallo Sella, Profesor Titular Salud Pública UNL. Coordinador Grupo PAIS

En primer lugar lo que podemos expresar es bienvenida la política al debate, la importancia de integrar el sistema, la búsqueda de articulación y eficiencia, la mejor asignación de los recursos son políticas que hace mucho tiempo estamos esperando que se concreten. El tema, como casi siempre que se discuten políticas públicas, pasa por la dirección de la reforma y la implementación o lo que podremos llamar el método con el cual se encara una reforma que afecta a un gran número de ciudadanos e intereses.

Si no es una política distractiva, deberían conocerse y comenzar a discutir algunos documentos oficiales que permitan visualizar la orientación señalada y también la apertura al diálogo y consensos claves para producir estas reformas. Con mucho pesar debo decir que los gobiernos suelen valorar más la gobernabilidad que las definiciones pensando en el interés público, en la ecuación se suele resignar el beneficio de las decisiones estructurales y de largo alcance a cambio de operaciones de caja o parches que aumentan las distorsiones.

Decía días atrás el periodista Ignacio Zuleta “Las instituciones no se cambian por mayoría más uno”, y agrego requieren de la capacidad de articular amplios y trabajados consensos, sino tienen corta vida. Gobernar sobre el filo de la mayoría produce una democracia de patas cortas. Las votaciones de las leyes jubilatoria, despenalización del aborto, recorte de fondos a CABA, impuesto a la riqueza e incluso el mismo presupuesto son aprobaciones “jugando sobre el fleje”. Se podría pensar en otro método que estuviera por encima de victorias legislativas a lo pirro y que le diera mayor solidez y fortaleza a las reformas tan necesarias en la realidad política, económica y social argentina. Me atrevería a decir, sin minimizar la importancia del sistema sanitario, que hay tres lineas que tienen clara prioridad desde hace muchos años: la cuestión previsional (se lleva el 50% del presupuesto nacional), la reforma fiscal y la laboral.

El sistema sanitario carece de una mirada sistémica que estuvo ausente del debate político y discutiéndose como compartimentos estancos (público, privado y seguridad social) durante toda la década del 90 y ya iniciado el año 2000 con esa misma tónica. Los intentos de reforma que vinieron apoyados por el Banco Mundial estuvieron fragmentados en recursos para el sector público, para la seguridad social y para el PAMI de manera compartimentalizada y sin buscar mecanismos de articulación que podrían ser más eficientes y eficaces para ganar capacidad de gobernanza que resulta una carencia importante del Ministerio de Salud de la Nación.

El Ministro de salud en la realidad está sentado en un trono vacío, solo conduce una fracción del sistema y no tiene ingerencia sobre la seguridad social (2% PBI) y menos sobre el PAMI (1% PBI).

El Ministerio hace como que conduce el sistema con un 0,5% del PBI, en tanto que las provincias y los municipios manejan un 2,2 % del PBI. ¿Cómo se puede dirigir y gobernar un sistema sin tener poder de decisión y control sobre los subsectores que lo integran? El peronismo tiene dentro de sí mismo esas contradicciones que juegan a favor de la fragmentación, en primer lugar con las obras sociales nacionales que se han negado históricamente a ser controladas, supervisadas y dirigidas por las políticas nacionales de salud y en segundo lugar el PAMI que es una institución que la política en general trata como una gran caja separada del sistema sanitario, custodiada y cerrada a integraciones más amplias horizontales y verticales con salud.

Los días venideros nos dirán si esas declaraciones que se plantean apuntan a cambiar el modelo de atención médica, reorganizar la gestión sanitaria y mejorar la eficiencia en el gasto, o si en cambio, constituyen una declamación buscando un posicionamiento político interno diferente e intentando cambiar los ejes de la problemática diaria (inflación, manejo de la pandemia, seguridad, instituciones judiciales y caída del empleo).

Se debe cambiar el sistema de salud

Por Dr. Edmundo Filippo, Secretario General de FEMECON, Secretario de Prensa y Difusión de la Confederación Médica de la República Argentina

Desde hace muchísimos años vengo afirmando que nuestro sistema de salud es el mejor para la Argentina y lo sostengo aún. Es el producto de haberme interiorizado permanentemente de lo que regía en otros países, muchos de los cuales tuve oportunidad de conocer personalmente.

Las obras sociales para atender a todos los trabajadores en relación de dependencia, la medicina prepaga que vino a reemplazar en su casi totalidad a la medicina privada y que también sirvió a los afiliados de obras sociales que querían mejorar su cobertura, y el hospital público para atender a quienes carecían de recursos o de alguna de las anteriores coberturas.

Y durante mucho tiempo fue bueno y de una forma u otra brindó atención al 100% de los argentinos, y a muchos residentes de países vecinos.¿ Qué pasó para que todo cambiara?

El hospital público crónicamente desfinanciado, perdió infraestructura, aparatología e insumos, manteniendo gran parte de su calidad en base el esfuerzo, adaptación y sacrificio de sus trabajadores, particularmente de sus profesionales, un orgullo para los argentinos.

Las obras sociales, especialmente las sindicales, desviando sus fondos para otros fines ajenos a la atención de la salud, particularmente el enriquecimiento de sus dirigentes, dejaron de brindar servicios otorgando turnos con meses de retraso, aunque se tratara de casos graves, y negando coberturas a pesar de estar obligados, pagando a los profesionales por hora de trabajo, en algunos casos por debajo de lo que cobra el personal doméstico.

Por último la medicina prepaga, único servicio privado por contrato con sus afiliados que cobra lo que autoriza el Estado, pero tiene que cubrir todo lo que se le ocurra al Poder Legislativo, a veces sin responder a lo aconsejado por las entidades científicas, ha encontrado también la forma de no perder ganancia precarizando el honorario médico y dilatando el pago a veces por 3 o 4 meses.

La pandemia ha puesto de manifiesto en forma dramática todas estas deficiencias.

Cambiar el sistema de salud ha dicho la Vicepresidenta. Inmediatamente han salido al ruedo los opinólogos financiados por aquellos que quieren recibir parte de la torta, y algunos especialistas en medicina sanitaria, probablemente bien intencionados, que han tildado a nuestro sistema de fragmentado, caótico, ineficiente y con fuertes inequidades.

¿Es cierta esta afirmación? Probablemente en muchos aspectos sea cierta. Pero ¿es necesario cambiar el sistema? ¿Por cuál?, ¿el cubano (que probablemente sea el que prefieran), el norteamericano, el inglés, el alemán, el de los países escandinavos?, y así podría seguir la lista hasta el infinito. Esto sí sería verdaderamente caótico e interminable, además si lo permitieran los poderosos intereses que se afectarían en ese caso.

Lo que habría que hacer es establecer una política de Estado para la salud, que por otra parte nuestro país no la posee, para volver a mejorar los recursos para el hospital público, descendidos por todos los gobiernos sistemáticamente desde hace más de cuarenta años. Controlar por medio de la Superintendencia de Servicios de Salud el destino de los fondos de las Obras Sociales, poner coto al escandaloso aumento del precio de los medicamentos, poner en funcionamiento de una vez por todas la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) que racionalice el uso de la aparatología, entre otras funciones, y establecer un PMO razonable y acorde con los recursos y posibilidades de nuestro sistema.

Acordar con el Poder Judicial para que los recursos de amparo y las indemnizaciones de los juicios contra los médicos no lleven a la quiebra a las instituciones ni a la miseria a los profesionales.

Destinar los recursos ahorrados mediante la racionalización del gasto en los rubros antedichos, a dignificar los sueldos y los honorarios percibidos por los profesionales, única forma que se puedan cubrir los cargos hoy vacantes de guardias y especialidades críticas.

Y lo más difícil de todo: terminar con la corrupción, presente aunque parezca increíble, también durante la pandemia. La dirigencia política argentina no tiene idoneidad ni autoridad moral para encarar estas reformas, pero estamos seguros que existen dirigentes idóneos, honestos y patriotas capaces de hacerlo en el momento adecuado.

A ellos apelamos.

Hacia el Sistema Nacional Integrado de Salud

Por Dr. Eduardo Pérez. Secretario general de Políticas Sanitarias de PAMI

El sistema de salud argentino se caracteriza en la actualidad por ser el resultado de una acumulación de eventos históricos desagregados, sin coherencia, que expresan las tensiones y conflictos entre actores políticos y económicos, instituciones, roles y reglas del juego cambiantes. El resultado es un sistema de salud segmentado y fragmentado, y su expresión cotidiana en la vida de las personas: injusto y profundamente desigual.

La pandemia dio nuevo sentido a este debate. En primer lugar, demostró crudamente cómo la salud de la población es motor del desarrollo de un país y no sólo un servicio o una prestación a “cubrir”. Asimismo, mostró lo limitado de la tecnocrática “cobertura universal” y lo necesario de la gobernanza (no sólo rectoría) del Estado para garantizar un abordaje integral. Sin la decisión política de intervención activa, no hubiera sido posible hacer frente a la epidemia: producir respiradores, ampliar la disponibilidad de camas de UTI, construir y fortalecer los equipos de salud, cofinanciar el desarrollo de terapias farmacológicas específicas, subsidiar la actividad económica privada de manera directa o indirecta, o planificar la campaña de vacunación más grande de la historia argentina. La mano invisible del mercado mostró lo débil que es para contribuir a un beneficio colectivo, excepto para la rentabilidad de unos pocos.

Las obras sociales nacionales, provinciales y el PAMI, entre otras, tienen un rol central en el camino hacia la integración. En ellas, la solidaridad (no como caridad sino profundamente asociada a la justicia social) organiza la seguridad social y la atención de la salud. Tienen funciones de financiadores, de prestadores y la indelegable obligación de velar por la salud de lxs trabajadorxs, lxs jubiladxs, y sus familias. Es deber de las obras sociales la construcción junto con el Estado, y no de manera independiente o desarticulada, de políticas y acciones en el campo de la salud.

El sistema integrado de salud no se agota en la discusión de un proyecto legislativo nacional. Tampoco debe reducirse a una discusión sobre financiamiento o “quién paga”. A modo de ejemplo, el costo creciente de la atención de la salud asociado a los intereses económicos del complejo industrial médico-tecnológico y farmacéutico (el problema más importante que deben asumir los sistemas de salud a nivel global) pone en jaque a cualquier financiador, ya sea PAMI o cualquier obra social. Si lo “pagan” los aportes y contribuciones de los trabajadores o el Tesoro Nacional, poco importa. Lo pagamos todxs lxs argentinxs. Integrar el sistema es una estrategia para hacer frente a intereses económicos que pocas veces se traducen en mejoras sanitarias individuales o colectivas.

Integrar el sistema de salud implica también reconocer las diferencias epidemiológicas y sanitarias de nuestro territorio y afrontarlas. De ninguna manera significa centralizar o desconocer realidades heterogéneas como las que tiene nuestro país. Un sistema integrado de salud no puede, por ejemplo, desconocer las desigualdades en la mortalidad infantil que hoy existen entre las provincias del Norte y el Centro. Ya no más.

La pandemia revitalizó el debate. Aprovechémoslo para dar los pasos necesarios hacia un sistema integrado, que garantice el Derecho a la salud, la equidad y la justicia social de todxs lxs que habitan nuestro suelo. Hoy, más que nunca, nadie se salva solx.

Primero habría que integrar el sistema público de salud

Por Dr. Gabriel Lebersztein. Gerente médico de OSECAC

Estoy de acuerdo que el sistema de salud requiere una reforma para aggiornarlo a su realidad y a sus tiempos, pero no la reforma que se pretende.

El sistema de salud argentino está fragmentado y segmentado y es porque tiene condicionantes legales y constitucionales para estarlo. La mayor inequidad en la Argentina es que las personas sin cobertura por financiador no tienen asegurada la canasta básica de prestaciones y de medicamentos. Las personas que más caro pagan los remedios en la farmacia son las que tienen la cobertura del sistema público. Es decir, que el sistema público tiene una cobertura no organizada.

Por el contrario, los sistemas organizados por financiador tienen la cobertura explícita redactada y por lo tanto obligaciones que cumplir y servicios para reclamar. Además las obras sociales nacionales tienen la ventaja de tener un ente regulador, la Superintendencia de Servicios de Salud, y un reaseguro, el Fondo Solidario de Redistribución. Por lo tanto, lo primero que habría que integrar es el sistema público de salud porque en cada provincia es distinto, desde la forma de financiarlo, los salarios de los médicos, la carrera médica, los registros médicos, los estudios que se cumplen, la forma de acceder a los medicamentos complejos. En algunas provincias acceder a un medicamento para el cáncer demora más tiempo que la sobrevida del medicamento. Y en otras, los medicamentos de alto costo que provee el Ministerio de Desarrollo social habitualmente se los da tarde y se los compra caros.

Una integración del sistema de salud sería más que útil pero lo que se busca con este pedido (proyecto) de reforma son modificaciones cosméticas con el objetivo de integrar el financiamiento y es lo único que no hace falta integrar. Lo que se plantea acá es ¿una discusión política para hacerse cargo de una caja o una discusión técnica para mejorar la equidad del servicio?

Desde el punto de vista de la integración, mi opinión, que además está bastante generalizada, está a favor de la compra centralizada de medicamentos, la historia clínica única, un sistema de emergencia nacional igual para todos los argentinos, el clearing de camas vacías para que puedan ser utilizadas tanto por el sistema público como privado, la trazabilidad de los datos médicos, el modelo único de atención, médicos de cabecera, registro de resultado, incluso hasta un seguro catastrófico. Hay muchos elementos para integrar y articular que mejorarían la equidad del sistema porque permitiría darles servicios de alta complejidad a la gente de menos recursos que no tiene cobertura por financiador, además de darles derechos que hoy parecieran tener pero a los que es difícil acceder porque no están explícitos y muchas veces los sistemas públicos tienen muy buenos recursos humanos, médicos, enfermeros, etc .pero no tienen una gestión adecuada orientada hacia el servicio al cliente y entonces tenemos hospitales espectaculares con médicos excelentes que atienden solamente de mañana.

Estoy de acuerdo con la modificación del sistema de salud, estoy de acuerdo con una integración y articulación del sistema de salud y mejorar la equidad porque hay algunos que tienen mucho, en algunos casos en exceso, un lujo en salud, y otros que tienen poco, pero no creo que lo que haya que integrar sea el financiamiento. Primero hay que igualar los servicios y cumplir con las obligaciones que el Estado no está cumpliendo porque la gente no tiene asegurado ni siquiera el PMO cuando tiene cobertura con el sistema público de salud ya sea nacional, provincial o municipal.

Hacia un modelo integrado de atención en salud

Por Dr. Leonel Tesler. Presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria

Modelos segmentados de atención en salud

Un modelo de atención es el sustento lógico que organiza el funcionamiento del sistema de salud y define las relaciones entre la población y las intervenciones sanitarias en función de la definición de salud hegemónica en un momento y una sociedad determinados. El problema al que nos enfrentamos en nuestro país es que conviven en diferentes compartimentos del sistema de salud distintos modelos de atención, como si se tratase de sociedades diferentes. Hay un modelo de atención para ricos y otro para pobres. Aunque por reflejo tendamos a pensar que el primero debe ser mejor, vale la pena analizarlo y cuestionarlo.

La salud como mercancía

El modelo para ricos consiste en un seguro de enfermedad. Los clientes pagan una cuota acorde al riesgo que tengan de padecer una enfermedad y a la calidad y cantidad de servicios que esperan recibir. Por eso aumenta la cuota con la edad o ante la declaración de enfermedades preexistentes. Predomina la consulta a especialistas, las prácticas de prevención primaria con mínimas y las de promoción de la salud muy restringidas. La calidad de los servicios y el nivel de cobertura dependen de la capacidad de pago. Cuanto menos puede pagar de cuota una persona, más debe poner de su bolsillo para recibir prestaciones y medicamentos.

La red de prestadores depende de las prestaciones. Por lo tanto, salvo en las consultas y “chequeos” que se realizan para el control de personas sanas, necesitan que los clientes se sientan o estén enfermos para poder subsistir. Además, como la recaudación será mayor cuantas más prestaciones haya, se impone una definición de productividad como cantidad de prestaciones en la unidad de tiempo. Los resultados que se obtengan en términos sanitarios quedan relegados a un lugar secundario.

El modelo para pobres

La estrategia de atención primaria de la salud (APS), propuesta hace 41 años por la OMS, se aplicó en nuestro país casi exclusivamente en el subsector estatal que, aunque cubre a la totalidad de la población, se ocupa especialmente de aquellas personas que no cuentan con un empleo formal que les habilite la afiliación a una obra social ni pueden pagar una cuota de una prepaga. Se basa en la concepción de la salud como un derecho humano fundamental y, con resultados muy asimétricos, se ocupa de las actividades de promoción y educación para la salud, de la prevención y el tratamiento de las enfermedades prevalentes en una población.

Se organiza en tres niveles con distintos grados de articulación entre sí. En el primer nivel de atención predomina la atención por parte de equipos de salud con formación general y capacidad para intervenir comunitariamente. En el segundo y tercer nivel aumenta el grado de especialización y los recursos tecnológicos utilizados para el diagnóstico y el tratamiento. Los principales problemas a los que se enfrenta este modelo son la profunda desigualdad entre jurisdicciones ricas y pobres, la escasez crónica de dinero y personal y los incesantes intentos de imponerle la lógica del modelo mercantil.

Las obras sociales entre dos modelos

Surgidas de las experiencias mutualistas que, habiendo comenzado a principios del siglo XX, florecieron en la década de 1940, son desde 1970 la cobertura obligatoria para las personas que trabajan en blanco y las encargadas del cuidado de la salud del 60 % de la población argentina. Con una lógica de financiamiento solidaria en sus orígenes (cada quien aportaba según sus ingresos pero toda la población afiliada tenía derecho a las mismas prestaciones), tienen desde siempre una gran heterogeneidad en cuanto al modelo de atención al que adhieren. Desde 1993, con las reformas que las empujaron a competir entre ellas y con las prepagas por lxs afiliadxs de sueldos más altos, el modelo mercantil se volvió cada vez más hegemónico.

El desafío del modelo en un sistema integrado

Los dos modelos que describimos comparten como falencias la atención deshumanizada, diferentes grados de violencia institucional (tal vez expresada con mayor crudeza en la atención del embarazo y el parto) y el predominio de una visión biologisista y fragmentada de la persona. Cuando planteamos la necesidad de dirigirnos hacia un sistema nacional integrado de salud pensamos también en la construcción de un modelo de atención que pueda garantizar a todxs lxs habitantes del país, sin importar dónde vivan ni qué tipo de cobertura tengan, respeto, contención, fomento del cuidado de la salud, participación en la toma de decisiones y acceso a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos pertinentes en plazos oportunos.

Un sistema nacional único de salud no es la solución

Por Jorge Colina. Máster en Economía. Presidente de IDESA*

No hay dudas de que el sistema de salud necesita un ordenamiento. Pero el camino no es un sistema nacional único de salud. La razón es que las competencias en salud son de las provincias. Por esto, la manera más directa para avanzar en la eficiencia y equidad del sistema es tender a la descentralización.

Generó polémicas e incertidumbre las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación cuestionando la actual conformación del sistema de salud. Concretamente, criticó la fragmentación en tres subsistemas: el público, el de las obras sociales y el privado. Prosiguió señalando que habría que pensar en un sistema nacional integrado de salud en el que se unifiquen los servicios para un uso más eficiente y equitativo de los recursos.

En el mundo, los sistemas de salud se organizan de diferentes maneras. Hay países con sistema públicos universales (como Inglaterra y España) donde la gente accede a la atención médica a través de los hospitales públicos. En otros países prevalece la seguridad social, lo que serían las obras sociales en la Argentina (como Alemania y Holanda). Hay países que tiene preeminentemente sistemas privados de salud (como Estados Unidos). Otros países tienen, como la Argentina, combinaciones de estas tipologías.

Desafortunadamente no se dispone de información oficial sistematizada sobre los recursos del sistema de salud. Pero apelando a fuentes oficiales alternativas, se puede obtener algunas estimaciones. Según esta diversidad de fuentes se estima que aproximadamente:
• Las provincias, a través de los sistemas de hospitales públicos y de las obras sociales de sus empleados públicos, manejan un 2,6% del PIB.
• La Nación tiene competencias sobre las obras sociales de los sindicatos y el PAMI que involucra otros 2,6% del PBI.
• El gasto privado en salud, que es el que las familias destinan directamente de su bolsillo, asciende a 3,6% del PBI.

Estos datos confirman la descripción que planteó la vicepresidenta. En la Argentina conviven los tres tipos de formas de organización de los sistemas de salud y se reparten los recursos más o menos en partes iguales. Con muchas desarticulaciones y múltiples coberturas, esta convivencia genera ineficiencias y derroches. En esta perspectiva, el planteo de la vicepresidenta, no solo que no es novedoso, sino que es un diagnóstico compartido por la mayoría de los entendidos en el tema salud (médicos sanitaristas, economistas de la salud, sociólogos, politólogos, etc.).

Mucho más cuestionable y polémica es la propuesta de tender a un sistema nacional único de salud. En la Argentina, el arreglo federal establece que las competencias que las provincias no ceden a la Nación corresponden a las provincias. En este sentido, en la Constitución Nacional no figura la palabra “salud”. Pero en todas las Constituciones provinciales, las provincias se reservan explícitamente para sí las competencias en salud pública. En 1994, cuando se reformó la Constitución Nacional, se podría haber acordado el traspaso de las funciones provinciales en salud a la Nación. Pero de este tema no se habló. Por lo tanto, pensar en un sistema único de salud es imposible, a menos que todas las provincias reformen sus Constituciones provinciales.

El gobierno nacional tiene competencias sobre las obras sociales sindicales, PAMI y las empresas de medicina prepaga que administran parte de los recursos de las obras sociales (derivación de aporte) y parte del gasto privado de las familias. Los sindicatos asumen los recursos de las obras sociales como propios, no como de los afiliados. El PAMI se manejó siempre de manera oscura y descargando pacientes sobre los hospitales públicos provinciales. Las empresas de medicina prepaga atienden a las personas de ingresos medios y altos. En este marco es difícil encontrar entre estos actores algún interés en favor de la unificación.

El sistema de salud necesita un ordenamiento. Pero el camino no es un sistema único nacional. No están dadas ni las condiciones institucionales (competencias provinciales), ni los intereses de los principales actores (sindicatos, PAMI, empresas de medicina prepaga). Más conducente es establecer reglas que induzcan la eficiencia y la transparencia y tender hacia una mayor descentralización de lo que hoy son las coberturas nacionales hacia las provincias. En definitiva, son ellas las que detentan las competencias en salud pública. Este proceso podría comenzar transfiriendo a las provincias –con sus respectivos recursos per cápita– la cobertura de los afiliados de PAMI de su propia jurisdicción.

* Instituto para el Desarrollo Social Argentino - Informe Nº: 89510/01/2021