La marcada aceleración inflacionaria registrada durante el primer trimestre del año en curso motivó a las autoridades de la Federación Bioquímica a iniciar durante el mes de abril activas gestiones con la totalidad de las obras sociales con el objeto de negociar una recomposición arancelaria a cuenta de las paritarias de cada gremio, incluido el de Sanidad, y como un adelantamiento de la pauta 2023.

Desde FABA se solicitó que esa recomposición comenzara a aplicarse a partir de abril, habiéndose logrado ya varios acuerdos y en algunos de ellos con porcentajes a aplicar en dos tramos.

Por supuesto, las negociaciones continúan activamente a la luz de la inflación y de la consecuente necesidad de adelantar la negociación por la pauta arancelaria de este año con cada gremio, tal como sucedió en el sector salud.

Demás está decir que las negociaciones con las obras sociales, al igual que lo sucedido en 2022, año en el que la inflación fue del 94.8%, estarán signadas por la adopción de una pauta arancelaria escalonada en distintos tramos y con cláusulas de ajuste en función de las marcas inflacionarias.

Desfinanciamiento

Las tensiones entre la dirigencia gremial y el gobierno nacional por el desfinanciamiento pronunciado de las obras sociales va en aumento y se complica en función de los vaivenes no sólo de la economía argentina, sino también de la situación política dentro de la propia esfera oficial.

Un reflejo de esa situación es que todavía no se llevó a cabo el encuentro que el Ministro de Economía Sergio Massa iba a mantener con la conducción ampliada de la CGT en febrero para analizar el pago de deudas con obras sociales y los desembolsos previstos para este año.

Tratándose de un “año electoral”, los dirigentes gremiales, por el momento, no han salido a explicitar reclamos duros, pero varios de ellos, de acuerdo a coincidentes versiones periodísticas, no pudieron ocultar su enojo al enterarse a través de los distintos medios de comunicación que la Superintendencia de Servicios de Salud acaba de diluir el Sistema Único de Reintegros (SUR) y en su lugar creó el SURGE, el Sistema Único de Reintegros por Gestión de Enfermedades.

Se trata de un cambio en el programa de apoyo a las obras sociales, de modo que recuperen parte de lo gastado en atención a pacientes con enfermedades consideradas “de alto costo”.

Según la disposición publicada en el Boletín Oficial, la Superintendencia busca “modernizar el sistema de reintegros que existe desde 2012, pero que quedó anticuado, ya que toda la documentación debía presentarse en formato de papel”, mientras que con el flamante SURGE se utilizará una plataforma digital.

Mediante el cambio decretado, según se explicó oficialmente, “los reintegros se centrarán en las enfermedades propiamente dichas, y no en una lista de medicamentos para tratarlas, cuya actualización tenía el problema de siempre correrle de atrás al acelerado avance de la terapéutica”.

Pero lo que causa la furia sindical fue que el SURGE llegó con una negativa sorpresa debido a que se produjo un recorte de 47 enfermedades, de las 130 que estaban contempladas para reintegro en el SUR.

Por otra parte, en enero el gasto por el rubro discapacidad fue de casi 15.000 millones de pesos; más del 80% de lo que se usa del Fondo de Redistribución, situación que figura entre los principales reclamos sindicales.

Los gremialistas reclaman que el gobierno cumpla con la promesa hecha pública en su momento por el propio Presidente de la Nación en el sentido de contribuir a sostener el gasto por ese rubro que en los últimos dos años se habría quintuplicado, ya que en 2021 demandó 3.000 millones de pesos mensuales mientras que para este año se proyecta un gasto de 15.000 millones por mes, lo que llevaría el gasto anual a 180.000 millones de pesos, solamente en la atención de la problemática de la discapacidad.