Pese a la Resolución 2125/2021 del Ministerio de Salud de la Nación, que autorizó el 30 de julio a las empresas de medicina prepaga a aplicar “aumentos generales, complementarios y acumulativos de hasta un 9% a partir del 1 de agosto, 9% a partir del 1 de setiembre, 9% a partir del 1 de octubre y 9% a partir del 1 de enero de 2022”, obligándolas en esa disposición a trasladar los mismos incrementos a los prestadores, algunas compañías se niegan a hacerlo, mientras que otras han mostrado reticencia y otras han cumplido con la norma.

Algunas empresas señalaron que no trasladarían a los prestadores el primer tramo del incremento y que recién lo harían desde el segundo, es decir, desde el correspondiente a septiembre.

La Federación Bioquímica, que ya había iniciado tratativas con las prepagas antes de que se oficializara el aumento, se encontró con ese panorama, al igual que el resto de los prestadores privados, generándose una situación complicada y que dificulta las tratativas, pese a que las empresas del sector están obligadas a cumplir con la normativa de referencia.

La situación planteada es de tal magnitud, que la FAPS (Federación Argentina de Prestadores de Salud) cursó una nota a las prepagas en la que se puso de relieve que los prestadores ya han abonado “el primer tramo del incremento salarial (15%) acordado en la firma de la paritaria 2021, por lo que es imperiosa la necesidad de concretar los aumentos de aranceles por parte de los financiadores en todos sus tramos, tal como lo especifica la Resolución del Ministerio de Salud”, reclamo al que la Federación Bioquímica ha adherido públicamente. En la misma nota se exigió la “urgente implementación de la actualización de aranceles especificados en la Resolución a todo el arco prestador de salud, sin importar tipo, tamaño o procedencia del prestador, ya que todos y sin excepción, deben afrontar el incremento salarial acordado”.